ANTE LA CRISIS POR COVID-19, PREVENIR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

Con estas palabras Eglantyne Jebb, creadora de la fundación Save the Children, definía durante el siglo pasado—y en medio de las atrocidades causadas por las guerras mundiales—la necesidad de brindar protección al más alto nivel para las primeras víctimas de cualquier crisis en el mundo: la niñez.

Si bien, afortunadamente no nos encontramos en medio de un conflicto bélico que ponga en riesgo la paz, la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 ha colocado a diferentes naciones en una situación compleja, particularmente a aquellas con economías en desarrollo como la de México. El cierre de numerosas fuentes de trabajo obligará a muchas niñas, niños y adolescentes a generar recursos para el ingreso familiar, empleándose en actividades que podrían resultar peligrosas para su integridad física y psicológica tales como la trata de personas y, específicamente, la explotación sexual infantil.

Apenas en mayo pasado, mientras la pandemia provocada por el coronavirus causaba estragos en varios países, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertaba que la recesión económica traería consigo “un fuerte aumento en las tasas de desempleo e incrementará los riesgos de explotación de las personas con necesidades económicas”; situación en la que desafortunadamente podrían verse involucradas niñas, niños y adolescentes.

A pesar de que los gobiernos han emprendido esfuerzos significativos por prevenir y erradicar este ilícito, la mayoría de los casos de trata continúan en la impunidad, sobre todo porque las víctimas a menudo prefieren no denunciar el hecho ante las autoridades. Sin embargo, a pesar de la falta de denuncias, según el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México publicado el año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 se reportaron 5,245 víctimas de delitos en materia de trata de personas, de los cuales 1,375 casos correspondían a personas menores de edad (27%). De ellos, 1,086 eran niñas y 289 niños; lo que representa el 21% y 6% del total de casos registrados, respectivamente.

Asimismo, el Diagnóstico señala que la mayoría de las víctimas identificadas sufrieron “explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual”, casos en los que muy probablemente resultaron afectadas niñas, niños y adolescentes captados por delincuentes en las redes sociales mediante solicitudes de amistad u ofertas de trabajo engañosas; sin obviar aquellos que lamentablemente ejercen la prostitución en contra de su voluntad en diferentes destinos turísticos de nuestro país.

Ante esta situación, la CNDH ha enfatizado la importancia de que a las víctimas de esta deleznable conducta se les brinde atención integral y oportuna, sobre todo si se considera que “a nivel nacional sólo 12 Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia cuentan con algún albergue, refugio o casa de medio camino para atender a las víctimas de trata de personas […] además de que no toda esta infraestructura brinda atención únicamente a quienes han sufrido explotación o se encuentran especializadas en ello”, tal como lo establece el Diagnóstico.

Es importante destacar que la prevención y el combate a la trata de personas no son actividades exclusivas de autoridades y gobiernos, puesto que las familias, los centros educativos y la sociedad en su conjunto pueden actuar favorablemente para erradicar esta práctica. El camino es sencillo: enseñar a las personas menores de edad a no entablar comunicación con personas desconocidas en redes sociales, a no compartir información personal con ellas y a verificar previamente las oportunidades de trabajo que se publiciten en los sitios web. También resulta indispensable promover la cultura de la denuncia de cualquier caso del que se tenga conocimiento ante las instancias correspondientes.

Desde noviembre pasado, la CNDH tiene como prioridad la atención inmediata a todas las personas que han sufrido abuso y, particularmente, a las víctimas de trata de personas a través del Programa contra la Trata de Personas. Al programa se puede recurrir para buscar asistencia o apoyo, pero también se reciben quejas derivadas de presuntas violaciones a los derechos humanos, se capacita a funcionarios y público en general y se editan diversos materiales informativos, muchos los cuales se encuentran disponibles en línea.

Es cierto que la crisis derivada del Covid-19 representa un riesgo, pero también es una oportunidad para “crear un sistema perfeccionado de protección a la infancia”; o como diría Eglantyne Jebb, para proteger a la niñez ante la gente sin escrúpulos que la capta para fines de explotación sexual.