Recientemente circularon en noticiarios y redes sociales imágenes de un accidente ocurrido en una importante avenida de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el que desafortunadamente perdió la vida una mujer que se desplazaba en bicicleta. Evidentemente, deberán deslindarse responsabilidades, pero tan lamentable suceso también es una oportunidad para reflexionar sobre el derecho que tiene cualquier persona para moverse de un lado a otro de manera segura.

En el ámbito de los derechos humanos y su protección, desde hace algunos años existe un concepto que tiene ver, precisamente, con la circulación de las personas en los espacios donde viven, sean pueblos con decenas de habitantes o grandes urbes en las que transitan millones de personas diariamente: el derecho a la movilidad.

Definido como el “libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura” , el derecho a la movilidad “permite que las personas alcancen diversos fines que dan valor a la vida”, como emplear la bicicleta de manera recreativa, hacer ejercicio, trasladarse al mercado, a la escuela, al trabajo e incluso, como transporte sostenible que contribuye a disminuir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Como todos los derechos humanos, el derecho a la movilidad está consagrado tanto en leyes nacionales (Artículo 11 de la Constitución Política de México), como en diversos instrumentos internacionales entre los que sobresalen la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 13) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 22). Por tanto, el Estado mexicano tiene el deber de garantizar el derecho a la movilidad en los diferentes medios de transporte, como la bicicleta, con criterios eficientes, respetando el medio ambiente y propiciando espacios seguros para transitar y vivir.

Por ello, desde hace varios años se ha modificado el aspecto y diseño de las principales calles y avenidas de las grandes ciudades para ofrecer, a quienes han hecho de la bicicleta su medio de desplazamiento en las urbes de concreto, espacios confinados por los que pueden circular relativamente a salvo. Relativamente, porque todavía no ha permeado entre algunos automovilistas la idea de que los espacios públicos son para todas las personas y que se debe aprender a convivir armónicamente.

Más que una moda importada de ciudades europeas como Ámsterdam o Madrid, la bicicleta se ha convertido en una verdadera opción ante los embotellamientos causados por vehículos automotores; asimismo, su empleo reporta importantes beneficios para la salud, entre los que destacan pérdida de peso, fortalecimiento de los músculos, quema de calorías y mejoramiento del sistema cardiovascular, ideales para sociedades como la mexicana donde desafortunadamente prevalece el sedentarismo y la obesidad, que han ocasionado más de tres millones de defunciones anuales en todo el orbe, según cifras oficiales.

Además de ello, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) , más de la mitad de la población mundial vive en ciudades que son responsables de más del 60 por ciento de la actividad económica y de las emisiones de gases de efectos invernadero, por lo que la bicicleta es recomendada para efectuar desplazamientos en actividades cotidianas. Como ejemplo, baste señalar que durante el confinamiento ocasionado por el COVID-19, satélites de la NASA documentaron disminuciones de entre 20 y 30 por ciento de emisiones de dióxido de nitrógeno en países como Italia, China y Estados Unidos .

No está por demás insistir que durante la pandemia generada por el COVID-19, diversos organismos internacionales han recomendado su uso ante la alta probabilidad de contraer el virus en el transporte público, por la ventaja que brinda al evitar lugares concurridos como autobuses o el Metro; además de que las bicicletas han representado una gran opción económica para entrega de diferentes productos como alimentos o medicinas en las grandes ciudades en el transcurso del confinamiento.

Sin embargo, lo más importante de todo lo anterior, radica en la necesidad de generar una verdadera cultura de respeto al derecho a la movilidad de las personas y de cumplimiento a las normas de vialidad, porque si bien es cierto que las y los ciclistas tienen derechos, como circular en calles y avenidas ocupando un carril completo, hacer uso de los senderos diseñados para tal fin (mismos que deben estar libres de obstáculos) y tener prioridad ante vehículos motorizados; también es preciso que observen ciertas reglas como no circular sobre las banquetas, rebasar por la izquierda, usar reflejantes y respetar los espacios peatonales, entre otros.

Las autoridades tienen el deber de garantizar el derecho a la movilidad… en bicicleta, y las personas, la obligación de respetar las normas de convivencia.

Para saber más…

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-Vivienda-DH.pdf
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/que-impacto-deja-la-pandemia-en-el-ambiente
https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/sites/default/files/pdf/guia_culturavial_b8.pdf

 

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