TREN MAYA: ENTRE EL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO, LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DERECHO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

El pasado 2 de junio del presente año, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de inicio a uno de los proyectos más discutidos de la presente administración: el Tren Maya, una obra de infraestructura con fines turísticos y comerciales que atravesará estados del sureste de nuestro país como Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán a lo largo de mil 500 kilómetros de extensión de vías férreas. A decir por el gobierno federal, se trata de una obra enfocada en los ejes económicos, sociales, ambientales y culturales que impulsará el desarrollo económico y social de dicha región, y generará cerca de 80 mil empleos directos, sólo en lo que resta de este 2020.

Sin embargo, diversos grupos defensores del medio ambiente, asociaciones civiles y comunidades indígenas han señalado que la construcción del Tren Maya podría generar más afectaciones que beneficios en las zonas donde se llevará a cabo, además de vulnerar diversos derechos humanos durante su construcción y, posteriormente, durante su operación. Lo anterior se ha expresado debido a que se generará un impacto ambiental considerable, como lo señaló el informe técnico que realizó la Cámara de Diputados durante el mes de septiembre de 2019. En dicho informe se menciona que no existía información suficiente en torno a la construcción del Tren Maya para saber cuál será su impacto medioambiental concreto, pero se sabe que podría generar daños en la vegetación; pérdida en la productividad del suelo provocada por el uso de maquinaria pesada durante la etapa de construcción y, subsecuentemente, por el tránsito del tren; pérdida o fragmentación de los hábitats, que pueden darse a pesar de la construcción de corredores biológicos, y alteraciones en el comportamiento de la fauna de la zona, entre otras.

Además de considerar que pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano, la construcción del Tren Maya ha sido cuestionada por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas que habitan en los estados y, sobre todo, en las zonas por donde se pretende dar paso a la obra. A este respecto, las comunidades mayas, tsotsiles, tzeltales y choles presentaron un juicio de amparo contra la construcción del tren el pasado mes de abril por considerar que el Estado mexicano no respetó el proceso de consulta indígena que se realizó durante los días 14 y 15 de diciembre de 2019, alegando que no les fue proporcionada información suficiente para conocer los riesgos que implica una obra de tal magnitud. Aunado a estos señalamientos, grupos indígenas han mostrado su preocupación debido a que la construcción del Tren Maya también podría repercutir en el despojo de sus tierras y el desplazamiento de comunidades enteras que actualmente habitan en las zonas por donde se tiene contemplado dar paso a las vías férreas. No obstante, el gobierno federal ha dicho estar consciente de estos dos últimos factores y ha establecido que, a pesar de contar con el 95% del trazo terrestre por donde pasará el tren “se actuará conforme a la ley, garantizando el pago por la tierra que se ocupe”. Además, se ha establecido que existe un programa de reubicación de familias que tengan que ser removidas de sus actuales asentamientos con el que se buscará colocar a dichas personas en zonas seguras y confortables, siempre apegados a la ley y con “total respeto a los derechos humanos”, hechos que deberán ser vigilados y comprobados por las comisiones estatales y nacional.  

 

Ahora bien, el proyecto del Tren Maya ha sido impulsado y defendido por el gobierno federal bajo la premisa de que su construcción detonará el desarrollo en el sureste mexicano, lo cual se considera un adeudo histórico, pues esta región del país se ha visto rezagada respecto al resto de la nación, con grandes porcentajes de su población viviendo bajo condiciones de pobreza. Según el último informe del Consejos Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) hasta 2018 el 76.4% de la población en Chiapas vivía en situación de pobreza, siendo el estado más afectado de la región; en Campeche las carencias sociales afectan al 46.2% de su población; en Quintana Roo el 27.6% de la gente se ubica dentro de los sectores más pobres; Tabasco es el segundo estado más afectado de la región con un total de población en condiciones de pobreza del 53.6%; mientras que Yucatán contempla un 40.8% de sus habitantes bajo situación de pobreza.

Al conocer estas cifras queda de manifiesto que la región sur-sureste de nuestro país requiere de una inmediata intervención del Estado mexicano para garantizar su derecho al bienestar, a la seguridad social y al trabajo, pero ello no debe implicar la vulneración de otros derechos y garantías que han sido señalados previamente. Por ello, la construcción de un proyecto de desarrollo tan importante como el Tren Maya debe involucrar directamente a todas las comunidades que puedan verse afectadas o beneficiadas con esta obra sin olvidar los principios que rige la libre determinación de los pueblos que quedó garantizada en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sólo de esta forma se podrá construir el desarrollo social y económico del país bajo el cobijo y respeto de los derechos humanos que todas y todos debemos defender.