Empresas y Derechos Humanos

DESCUENTOS EN TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Hace casi seis años, en Xochitepec, Morelos, una adolescente con discapacidad intelectual dejó de practicar su deporte favorito en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en Cuernavaca, porque algunos choferes de la ruta de autobuses que generalmente utilizaba para trasladarse, se negaban a realizar la exención correspondiente al pago de su pasaje, a pesar de que, para tal efecto, contaba con una credencial expedida por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)…
Por otro lado, en Veracruz, una persona con discapacidad había solicitado al Área de Autotransporte Federal en Orizaba suscribiera convenios con transportistas de la región, a fin de beneficiar a las personas con discapacidad con descuentos en sus tarifas. La respuesta por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue, como se dice popularmente, “darle largas” al asunto…

¿Qué tienen en común ambos casos?, la violación a los derechos de ambas personas en condición de discapacidad por falta de accesibilidad y movilidad en el transporte público de pasajeros, debido a la falta de descuentos en las tarifas, según lo determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de su Recomendación 2/2018.

La Comisión Nacional constató que la SCT tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho humano de accesibilidad y movilidad de quienes viven con alguna discapacidad, mediante la celebración de acuerdos con los sectores público y privado, en este caso, de transporte.

Señaló que cuando las personas con discapacidad necesiten apoyo de otra persona, algún animal de compañía o asistencia técnica (sillas de ruedas, bastón, muletas), no se les debe realizar cobro alguno y que esto también sea aplicable para los seguros del viajero y de equipaje en todos los servicios de transporte.

¿Pero qué pasaba con las empresas de transporte? Se encontró que varias sí aplicaban un descuento de 25% a las personas con discapacidad, pero lo hacían de manera intermitente; mientras que otras lo realizaban de manera voluntaria y espontánea, lo que es digno de aplaudirse. Sin embargo, el derecho de las personas con discapacidad “al servicio público de transporte con descuento en las tarifas no puede quedar al criterio discrecional y optativo de los permisionarios o prestatarios” , sino que debe respetarse, protegerse, cumplirse y garantizarse, so pena de incurrir en actitudes discriminatorias que, inclusive, podrían ser sancionadas penal y administrativamente.

¿No se podría interpretar esto como un privilegio para las personas con discapacidad? Para nada. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven 7.7 millones de personas con discapacidad y una de las principales dificultades que enfrentan son las barreras que les impiden desarrollarse plenamente como integrantes de la sociedad, sean estas físicas (como la falta de rampas para los que tienen discapacidad motriz y señalamientos en Sistema Braille para quienes viven con discapacidad visual), o culturales, las cuales generan discriminación social y que, por cierto, son más difíciles de erradicar.

En el caso de la adolescente con discapacidad que ya no pudo asistir a sus prácticas deportivas, se produjo “una ruptura de los lazos sociales” y una disminución de “sus actividades de integración comunitaria y desarrollo personal”, como señala la citada Recomendación.

 

Se podría alegar que, en muchos casos, los descuentos son poco significativos. Ante ello, existen varias respuestas, basadas en estadísticas del propio INEGI:

  • En los hogares con al menos un integrante con discapacidad, el rubro transporte y comunicaciones (18.4%) concentra la mayoría del gasto, incluso por arriba de educación y esparcimiento (10.7%) y, paradójicamente, del de cuidado a la salud (3.9%).
     
  • La tasa de participación económica de la población con discapacidad apenas alcanza el 38.5%.
     
  • El 17.7% de personas con discapacidad, para caminar o subir escaleras, reciben la ayuda de alguien más para poder desplazarse, lo cual puede generar un gasto adicional en pago de tarifas de pasaje.

 


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