EL HALCONAZO

Las décadas de los sesenta y setenta están marcadas por un aire de rebeldía y dignidad que atravesó fronteras y unió nacionalidades en un grito de libertad unísono. Los movimientos obreros, estudiantiles, feministas y las comunidades racializadas impulsaron la agenda de los derechos humanos, frente a Estados que invertían en armamento nuclear, construían muros políticos y competían en la carrera al espacio a costa de sus propias sociedades, en medio de la guerra fría.

Durante 1968 las juventudes mexicanas siguieron los ejemplos de las protestas de Praga y París; pero a diferencia de aquellos el Estado mexicano decidió hacer frente a las protestas civiles por medio de una masacre operada por el ejército, seguida de la utilización de la desaparición forzada como instrumento de control y represión. El shock de aquel suceso se convirtió en un mutis que vació el escenario social de las protestas y abrió paso a gobiernos autoritarios y dictatoriales a lo largo de iberoamérica.

Durante los siguientes años, hubo pequeños levantamientos sociales seguidos de represiones militares, particularmente contra todo lo que tuviera aires de comunismo (la revolución cubana de Fidel Castro y el Che Guevara seguía fresca en el ambiente político) o bien, “de izquierda”, como fue el caso de las represiones contra el movimiento MAR en Guerrero.

En ese contexto de máxima represión, al norte del país en la ciudad de Monterrey los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León comenzaron a organizarse para exigir  paridad entre maestros y estudiantes en el Consejo Universitario mediante modificaciones a la Ley Orgánica; pese a que en un inicio fue un movimiento bien recibido y que contaba con el aval del rector en turno, el Ing. Héctor Ulises Leal, más rápido que pronto cambió el panorama político.

El entonces gobernador del Estado de Nuevo León, Eduardo Elizondo (quién previamente había sido rector) comenzó a entorpecer las demandas estudiantiles imponiendo la creación de la “Asamblea Popular” (un órgano conformado por 37 personas, de las cuales apenas 6 representaban a los sectores estudiantiles y magisterial) y destituyendo a Ulises Leal para imponer al Coronel Arnulfo Treviño, quien en apenas 20 días se encargó de destituir relevar a todos los directivos de las facultades que estuvieran a favor de las huelgas.

Lo anterior, incrementó la indignación estudiantil durante los siguientes meses pero también la represión; en un intento por desarmar las protestas el gobernador ordenó a la policía estatal aprehender a los estudiantes que mantenían tomadas las instalaciones de tres preparatorias, hecho donde fueron encarcelados unos 100 estudiantes junto con el ex rector Ulises Leal que para entonces se había vuelto uno de los líderes del movimiento. Días después, un estudiante moría a manos de un policía durante una protesta en el centro de Monterrey.

En un último intento del gobierno federal por controlar la situación fueron cesados de sus cargos el Gobernador Eduardo Elizondo y el Rector Arnulfo Treviño, seguido de la restitución de Ulises Leal, sin embargo, el origen de las protestas seguía sin resolverse: la paridad en la UANL.

Un 10 de junio a las 15:00 horas, los estudiantes del Politécnico y la UNAM decidieron salir a manifestarse rumbo al zócalo capitalino, en solidaridad con los estudiantes de Monterrey por una educación plural y al alcance todas y todos. Pero al llegar al cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme un grupo de paramilitares, conocidos como Halcones, los esperaban con varas de bambú y armas de fuego. Esa tarde fueron asesinados 120 estudiantes y más tarde acusados de haber iniciado los disturbios contra la policía además de ir armados. El entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, negó por la noche la existencia de grupos paramilitares y días después, renunciaba al cargo.

Hoy, a 49 años de aquella masacre sin responsables, los recordamos.