DERECHOS HUMANOS, UNA LUCHA DEL PUEBLO DE MÉXICO

En los últimos 30 años el concepto derechos humanos ha adquirido relevancia en la sociedad mexicana; sin embargo, la lucha por el respeto a la dignidad de quienes habitan este país se remonta a la época de la Colonia, donde las personas de los pueblos originarios eran sometidas a maltratos y vejaciones ; obligadas a abandonar sus creencias  para recibir la fe cristiana, mientras contemplaban la destrucción de sus centros ceremoniales; condenados a ejercer labores de servidumbre y a desarrollar actividades como la agricultura y la minería en condiciones de esclavitud.   

Fue hasta 1810 cuando Don Miguel Hidalgo y Costilla emitió un documento que abolió la esclavitud y, tres años más tarde, José María Morelos y Pavón proclamó en los Sentimientos de la Nación el principio de igualdad, así hasta llegar a la Constitución de 1824 que ya consagraba el respeto a las garantías individuales de los mexicanos.

En 1847, a iniciativa de Ponciano Arriaga, se promulgó la Ley de Procuraduría de Pobres, que buscaba proteger a los mexicanos en esa condición, ante los abusos cometidos en su contra y, para 1917, el Congreso Constituyente plasmó en el Capítulo Primero de nuestra Constitución el apartado correspondiente a las garantías individuales.

A mediados del siglo pasado, surgieron “grupos promotores de derechos humanos [que] constituían un movimiento atomizado y marginado” , entre los cuales figura el Frente  Mexicano Pro Derechos Humanos (1951) que tenía como principal labor difundir el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en 1964, cuyo objetivo era “hacer visibles a aquellos sectores de la población que no tenían a su alcance los grandes medios de comunicación… [e] integrar a los diferentes actores de nuestro país en donde los factores de la opresión y el anonimato atentan contra los derechos humanos de las personas”, así como otros grupos sociales que proclamaban ideales como la cultura de paz, poner freno a la represión gubernamental (sobre todo después de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971) y la liberación femenina.

Durante la década de los setenta aparecieron organizaciones civiles que luchaban, entre otras causas, por el respeto a los derechos de las personas, mejoras salariales y apertura democrática, así como la liberación de los presos políticos de esa época y la presentación con vida de las personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia”. Uno de los más representativos es, sin duda, el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, mejor conocido como Comité Eureka, liderado por Rosario Ibarra de Piedra y que agrupa a familiares de personas desaparecidas.
 
Ante el empuje de la sociedad, el Estado mexicano creó diversas instituciones para proteger al ciudadano de los abusos del poder, entre ellas, la Procuraduría Federal del Consumidor (1975) y la Procuraduría de la Defensa del Indígena en el estado de Oaxaca; las Procuradurías Sociales del Distrito Federal y el estado de Guerrero, sin olvidar la instauración de una Defensoría de los Derechos Universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones.

Pero, a decir del investigador Sergio Aguayo , la experiencia de las organizaciones civiles de los años setenta tuvo un papel determinante en ciertos “acontecimientos claves” de la década siguiente, como la entrada de personas refugiadas centroamericanas al país (y la urgencia de brindarles atención humanitaria), el terremoto del 19 de septiembre de 1985 (con la creación de asociaciones  ciudadanas que demandaban vivienda digna para las personas damnificadas) y la observación de algunas ONG en procesos electorales, además de agrupaciones que exigían respeto a la dignidad de las personas, como fue el caso de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, A. C., fundada en 1984.

Finalmente, a raíz del asesinato de la activista por los derechos humanos en el estado de Sinaloa, Norma Corona Sapién (mayo de 1990), presumiblemente a manos de agentes de la Policía Judicial Federal, es que el 6 de junio de 1990 se crea la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y luego, mediante la adición del Apartado B al Artículo 102 de la Constitución, es elevada a rango constitucional y concebida como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Así, desde 1999, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución autónoma y, a 30 años de su creación, actualmente se encuentra en un proceso de transformación para defender al pueblo de México de una manera más eficaz.

  [1] Bernal Ballesteros, María José. Luces y sombras del Ombudsman. Un estudio comparado entre México y España. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2015. Pág. 37.
  [2] Academia Mexicana de Derechos Humanos. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en México: entre la democracia participativa y la electoral, 1997.