DE LA SEGREGACIÓN RACIAL NORTEAMERICANA A LOS DERECHOS DE LAS PEROSNAS AFROMEXICANAS.

Recientemente hemos sido testigos del malestar social que se ha generado en suelo norteamericano a consecuencia de la discriminación racial. Distintas ciudades estadounidenses han sido el escenario de protestas en contra, principalmente, de la violencia ejercida por las autoridades hacia personas afrodescendientes, lo que ha puesto nuevamente en el debate público las condiciones de segregación a las que son sometidos diversos grupos étnicos y religiosos en aquel país.

Sin embargo, el tema de la discriminación racial es un problema que nos atañe a todos por igual, sin importar el país, región o continente en que nos situemos.

A propósito de ello, este 2 de julio se cumplieron 56 años de que el presidente de los Estados Unidos de América, Lyndon B. Johnson firmara la Ley de Derechos Civiles de 1964 con la que se pretendía poner fin a la segregación racial que afectó, principalmente, a ciudadanos afroamericanos, pero que también tuvo consecuencias en personas inmigrantes y practicantes de distintas religiones y corrientes políticas en suelo norteamericano.

La Ley de Derechos Civiles de 1964 establecía el final de las llamadas ‘Leyes Jim Crow’, una serie de medidas adoptadas en la segunda mitad del siglo XIX y que perduraron hasta los años 60 del siglo XX, que prohibían la convivencia de personas afrodescendientes con ciudadanos blancos en lugares públicos bajo el lema “separados pero iguales” que, no obstante, repercutió en la falta de derechos de este sector de la población, como el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades en el trabajo o la incursión en la toma de decisiones políticas del país. La Ley de Derechos Civiles estableció la prohibición de discriminar a cualquier persona por su condición racial, color de piel, religión y origen nacional que, sin embargo, sigue sin ser respetada del todo.

Pero, la presencia de personas afrodescendientes no es exclusiva de los Estados Unidos de América. En México, contamos con una vasta comunidad de afromexicanos que han formado parte de la vida nacional desde hace más de 500 años. Actualmente, estados como Chiapas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz cuentan con una población muy importante de afromexicanos. Tan sólo en la Costa Chica de Guerrero, municipios como Ometepec y Cuajinicuilapa se caracterizan por ser el hogar de personas que se identifican orgullosamente como afrodescendientes y que forman parte del 1.16% de la población nacional con estas características, es decir que en nuestro país cerca de 1 millón y medio de personas se autodenominan como afromexicanas.

Por desgracia, al igual que en otros países, en México, los derechos de los afrodescendientes han sido vulnerados de manera sistemática, comenzando por la invisibilidad de sus comunidades. A ello se suma el trato indigno que reciben por parte de autoridades y la sociedad en general, volviéndolos presa de estereotipos de imagen y conducta que, inevitablemente, tiene como consecuencia la discriminación.

Más grave aún, es la falta de oportunidades y trato desigual que los afromexicanos suelen padecer. Sus condiciones raciales los han privado de gozar plenamente de derechos como el acceso a la educación e igualdad de oportunidades en el trabajo, lo cual los ha orillado a vivir en condiciones de pobreza y marginación. Se estima que, a día de hoy, uno de cada seis personas afromexicanas es analfabeta, lo cual representa un adeudo del Estado mexicano hacia este sector de la población que ha contribuido no sólo en la vida cultural y artística del país con sus aportaciones en la danza, el teatro y la música, sino también en el ámbito político al aportar grandes baluartes históricos, como el consumador de la Independencia Vicente Guerrero y el Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón, quienes han sido reconocidos como afrodescendientes.

El Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones, pero también es deber de la sociedad reconocer a los afromexicanos como parte de la multiculturalidad que da identidad y vida a nuestra nación; la lucha por la defensa de los derechos de las personas afrodescendientes es tarea de todas y todos.